En la carta, Thatcher dice que “Chile, conducido en ese momento por el general Pinochet, fue un buen amigo de nuestro país durante la guerra de las Falklands. Por sus acciones la guerra se acortó y se salvaron muchas vidas británicas”. La ex primera ministra conservadora admite que en Chile “hubo abusos en materia de derechos humanos, pero el pueblo de Chile, a través de sucesivos gobiernos democráticos, estableció cómo debía arreglárselas con el pasado”. Parte de ese arreglo es el status de Pinochet, actual senador vitalicio, y según Thatcher no puede interferirse desde el exterior “el delicado balance de la transición democrática”.
“La semana próxima –concluye la baronesa sin mencionar por su nombre a Menem–, Gran Bretaña recibirá al líder democráticamente electo de un país que invadió ilegalmente territorio británico, causando la pérdida de más de 250 vidas británicas. Sería desgraciado pregonar la reconciliación con uno mientras se mantiene bajo arresto a alguien que, durante aquel conflicto, hizo tanto para salvar a tantos británicos.”
En un día vertiginoso, la comisión parlamentaria de derechos humanos de la Cámara de los Comunes presentó por la mañana una moción que anticipaba los desarrollos posteriores. Ahí expresaba que “esta Cámara recibe con beneplácito la detención del general Augusto Pinochet en Londres a la espera de que sea interrogado por las autoridades judiciales españolas”. La moción condenó también “su brutal dictadura que significó la tortura, desaparición y muerte de miles de personas” y urgió al gobierno de su majestad a “que asista a las autoridades españolas en su pedido”. Más crucial aún la moción solicitó que el fiscal general del Estado “inicie una acción legal contra el general Pinochet bajo el acto de justicia criminal de 1988”.
La moción generó un fuerte rechazo de sectores conservadores de la Cámara que, además de sus afinidades ideológicas y políticas con el general, intuyen que el gobierno británico está sentado sobre una bomba político-diplomática. Mientras 31 diputados laboristas y liberaldemócratas la apoyaban, 11 conservadores y unionistas del Ulster (protestantes de Irlanda del Norte) introducían una enmienda en la que exhortaban al gobierno de Tony Blair a “acceder al pedido de las autoridades chilenas para que el senador Pinochet regrese a su país apenas esté físicamente capacitado para hacerlo”. Al grupo de parlamentarios que se oponen al arresto de Pinochet se añadieron pronto figuras de peso en la escena política inglesa como el último canciller conservador, Malcolm Rifkind. “El general Pinochet debe responder a sus presuntas violaciones a los derechos humanos en Chile o ante una Corte Internacional de Justicia. No en Gran Bretaña o España”, indicó Rifkind a la prensa.
Una delegación de 11 senadores, diputados y diplomáticos chilenos ayudó a activar a una derecha británica que seguía atontada por la derrota sufrida en las elecciones generales del año pasado. Las aceitadas relaciones entre chilenos y británicos se retrotraen a la coincidencia ideológica de los 70 (monetarismo de Milton Friedman y acérrimo anticomunismo) y, sobre todo, al apoyo que recibió Thatcher durante laguerra de Malvinas. Ayer la delegación chilena redobló la apuesta solicitando en una conferencia de prensa en la embajada chilena la pronta libertad de Pinochet en razón de su edad (82) y estado de salud. “Nosotros creemos que sería muy peligroso y generaría profunda inestabilidad en nuestra nación si el estado de salud de Pinochet se agravara o si incluso muriera aquí”, indicó Angélica Cristie del derechista Partido de Renovación Nacional.
El embajador chileno en Gran Bretaña, Mario Artaza, se reunió ayer por segunda vez en la semana con Peter Westmascotte, director de América en la Foreign Office. En el encuentro, que se extendió durante 50 minutos, el embajador Artaza intentó persuadir a la cancillería británica de que Pinochet debía gozar de inmunidad por haber ingresado en Gran Bretaña con pasaporte diplomático. El embajador Artaza aseguró tras la reunión que las gestiones continuarían, mientras que un portavoz de la Foreign Office indicó a Página/12 que la posición gubernamental no había cambiado. “Peter Westmascotte reiteró que el pasaporte diplomático del general Pinochet no le ofrece inmunidad diplomática y que su arresto se basa enteramente en fundamentos legales”, señaló el portavoz.
Sumido en una tormenta político-diplomática que quizás no anticipó, el mismo primer ministro Tony Blair decidió subrayar ayer el carácter puramente legal del arresto de Pinochet. En declaraciones publicadas por el francés Le Monde y el español El Mundo, Blair indicó que “el arresto es el resultado de un proceso judicial iniciado por un magistrado español y transmitido a nuestra policía metropolitana por la Interpol. Es simplemente la unión de dos sistemas judiciales, el británico y el español, ligados por un tratado de extradición. No es una decisión gubernamental porque eso equivaldría a una interferencia del gobierno en el proceso judicial”.
Pocos creen en esta total asepsia política de un caso que ha conmovido al mundo entero. El diputado de la izquierda laborista Tony Ben delineó las fuertes presiones nacionales e internacionales que está sufriendo el gobierno de Blair. “El gobierno conservador de Margaret Thatcher apoyó a Pinochet y el de Estados Unidos financió el golpe de Estado. Ninguno de los dos quiere que el caso prospere. Si el general declara ante el juez español, podría revelar el apoyo que obtuvo de ambas partes”, indicó Ben.
